20 años de cárcel y multas de hasta un millón de dólares. Las sanciones de Trump a la CPI, firmadas el 6 de febrero de 2025 bajo la orden ejecutiva 14203, establecen eso para cualquier persona en Estados Unidos que colabore con la Corte Penal Internacional (CPI) en el procesamiento de autoridades israelíes por crímenes en Gaza, según el texto de la medida difundido por las organizaciones demandantes.
Cuatro entidades de derechos humanos presentaron el martes 11 de agosto una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para anular ese esquema punitivo. American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch y el Open Society Institute piden que se declaren ilegales las sanciones, se suspendan las designaciones vigentes y se anule toda pena civil o penal, informaron en un comunicado.
Las organizaciones que firmaron la demanda ya sienten el impacto. Según denunciaron, las restricciones paralizaron su trabajo jurídico y humanitario: les impiden representar a las víctimas ante el tribunal, hacer gestiones legales y colaborar con colectivos palestinos que documentan violaciones en los territorios ocupados. El marco punitivo, dijeron, es «descaradamente ilegal».
El alcance de las sanciones de Trump a la CPI
La orden que Trump firmó en febrero de 2025 faculta incluir a jueces, fiscales y colaboradores de la CPI en las listas de sanciones, congelar sus activos, desconectarlos del sistema bancario y de los servicios digitales internacionales y prohibirles la entrada a territorio estadounidense. El argumento: cualquier investigación sobre ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados constituye una emergencia nacional.
Entre los alcanzados figuran ocho jueces de la CPI, el exfiscal Karim Khan, dos fiscales adjuntos, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y tres organizaciones palestinas de derechos humanos: Al-Haq, el Centro Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos, de acuerdo con la lista publicada por la propia demanda.
No es un castigo simbólico. Tres juezas de la CPI ya habían denunciado los bloqueos bancarios y comerciales que sufrieron como una «pena de muerte financiera», en una demanda previa contra el gobierno estadounidense. La nueva acción se suma a ese antecedente y refuerza la denuncia de una estrategia coordinada para desarticular el tribunal.
La justicia para Gaza, en el centro de la disputa
El conflicto que dispara las sanciones tiene nombre y fecha: las órdenes de arresto que la CPI emitió en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Guerra Yoav Gallant por su responsabilidad en el genocidio contra los palestinos en Gaza. Aunque Israel y Estados Unidos no forman parte del Estatuto de Roma, Palestina se adhirió al tratado en 2015, lo que extiende la jurisdicción de la corte a los crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue explícito sobre el objetivo: aislar y desmantelar la institución de 125 países miembro «ladrillo a ladrillo». Para las organizaciones, esa confesión prueba que Washington no busca defender la legalidad internacional, sino proteger a un aliado de sus responsabilidades.
La estrategia de presión no es nueva. Como publicó este medio con motivo de la IV Asamblea Continental ALBA Movimientos, 400 organizaciones de 25 países reunidas en La Habana denunciaron el bloqueo a Cuba, una política de Washington que también se ejerce contra la CPI y contra quienes la defienden. Cuando un tribunal, un gobierno o un movimiento incomoda a la Casa Blanca, las sanciones extraterritoriales aparecen para asfixiarlo.
La demanda ya está en manos de la justicia estadounidense. Lo que está en juego no es solo la suerte de unas organizaciones: es si las víctimas de Gaza pueden algún día sentarse ante un tribunal a contar lo que pasó.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Trump sancionó a la Corte Penal Internacional?
Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14203 en febrero de 2025, luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes en Gaza. La medida sanciona a jueces, fiscales y colaboradores del tribunal con bloqueos financieros y posibles penas de prisión.
¿Qué busca la demanda contra las sanciones de Trump a la CPI?
La demanda, presentada por cuatro organizaciones de derechos humanos en Nueva York, pide declarar ilegales las sanciones, suspender las designaciones actuales o futuras y anular toda pena civil o penal. Los demandantes argumentan que la orden excede la autoridad del Ejecutivo y vulnera garantías constitucionales.
¿Cuánto tiempo de prisión puede enfrentar alguien que colabore con la CPI en Estados Unidos?
Según las organizaciones demandantes, las sanciones prevén hasta 20 años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares para quienes colaboren con la CPI en el procesamiento de autoridades israelíes. Las medidas incluyen también congelamiento de activos y desconexión del sistema bancario.
¿Por qué la CPI puede investigar crímenes en Gaza si Israel no es parte del Estatuto de Roma?
Palestina se adhirió al Estatuto de Roma en 2015, lo que otorga a la CPI jurisdicción sobre crímenes cometidos en su territorio, incluidos Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. Por eso el tribunal puede emitir órdenes de arresto contra autoridades israelíes, independientemente de que Israel no sea Estado miembro.
